Esta discusión parece original pero ya lleva 200 años. Se circunscribe a quién decide cómo se reparten las rentas; qué sector predomina en la economía y qué sectores se le subordinan.
Antes de analizar el papel del BCRA (Banco Central de la República Argentina ), llave maestra de la financiarización de la renta agraria, el endeudamiento externo y la fuga de capitales, fenómenos que afectaron al país desde 1976 hasta la crisis de 2001, es oportuno un sucinto repaso de los contextos mundial y nacional en los que se desarrolló el modelo.
A principio de los años 70 del siglo pasado, el presidente estadounidense Richard Nixon determinó la inconvertibilidad del dólar, y su país abandonó el patrón oro. Esa decisión hizo que la emisión de moneda empezara a independizarse relativamente de los gobiernos y aproximarse a los intereses de la gran banca. Dicho de otro modo, la influencia de la gran banca sobre la Casa Blanca fue en aumento.
En los años 80 las desregulaciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher liberaron el camino para que las entidades financieras se manejaran sin mayores controles, lo que posibilitó la obtención de rentas financieras en gran escala, con independencia de la evolución de la renta industrial. A caballo de las desregulaciones y la tecnología de las comunicaciones se produjo la paulatina globalización de los mercados, en primer término los financieros, que en pocos años se convirtieron en una gigantesca bolsa global on-line. El proceso se completó durante los gobiernos de George Bush (padre) y William Clinton.
Dos caras de la misma moneda
En Argentina, la dictadura militar decretó en febrero de 1977 una Ley de Entidades Financieras que aún rige la actividad y constituye una de las mayores deudas de la democracia con la sociedad, en particular de los partidos políticos con representación parlamentaria. Entre otras cosas ,esa ley acentuó la independencia del BCRA (creado en 1935 según el modelo liberal del Banco de Inglaterra) y embistió contra la banca cooperativa y la pequeña y mediana industria, aunque en rigor este ataque ya había empezado en 1966, con la dictadura del general Juan Carlos Onganía.
Fue así que se allanó el camino para el desmesurado endeudamiento externo, la mayor parte del cual continúa siendo ilegítimo, a pesar de haber sido legalizado. En 1976, cuando fue derrocado, el gobierno de Isabel Martinez de Perón había dejado una deuda externa de 4.940 millones de dólares; unas monedas en relación al Producto Bruto Interno.
Al caer la última dictadura, en diciembre de 1983, siete años más tarde, la deuda ascendía a 44.438 millones de dólares. El endeudamiento había aumentado casi diez veces y ya representaba el 65% del Producto Bruto Interno. En el mismo período se fugaron del país 30.000 millones de dólares.
Los veinte años que van desde 1982, a fines de 2001, cuando la gran crisis argentina cerró el ciclo, estuvieron marcados por el inefable economista Domingo Cavallo. Primero como presidente del BCRA durante la dictadura, estatizando la deuda externa privada. Luego, el período 1991-1997, como ministro de economía del peronista Carlos Menem, concibió y condujo la política basada en la convertibilidad de la moneda y en la paridad del peso con el dólar. Finalmente, como ministro de Economía del radical Fernando de la Rúa , intentó un “blindaje” de la deuda con las consecuencias conocidas: “corralito” bancario, estado de sitio, sublevación popular, represión y caída del gobierno. La crisis financiera, económica, social y política de diciembre de 2001 marcó el final del ciclo.
Esta continuidad de la política liberal, desde la dictadura a los gobiernos democráticos, permitió multiplicar la deuda externa y la fuga de capitales, dos caras de la misma moneda, cuya consecuencia fue un severo retroceso industrial, que costó cuatro millones de empleos. Las políticas aplicadas por el ministro de economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y por Cavallo, ministro de economía de los gobiernos democráticos peronista y radical, mantuvieron un aire de familia: dólar barato, que permitió duplicar la renta agraria mediante mecanismos financieros para luego sacar las ganancias fuera del país.
Una parábola de Derechas
Este contexto permite analizar ahora la eventual utilización de las reservas para pagar deuda externa, para financiar obra pública o para cualquier otro propósito legítimo que las autoridades estimen necesario. Permite también comprender el motivo del duro embate de la derecha contra el Fondo del Bicentenario propuesto por el actual gobierno, así como su cerrada defensa de la “independencia” del BCRA, que expresan inequívocamente su alineación con el poder financiero. Núcleo duro del establishment junto con los beneficiaros de la renta agraria, ese poder ha impedido históricamente el desarrollo en el tiempo de políticas productivas.
Lo hizo Julio A. Roca contra Carlos Pellegrini a principios del siglo pasado; Agustín Justo contra Irigoyen en el 30; el “partido militar”, en sucesivos golpes de estado contra Perón, Frondizi, Illia, y otra vez contra el peronismo. Lo hizo el establishment contra Alfonsín, a quien virtualmente echó del gobierno mediante un golpe de mercado, y lo sigue intentando hoy contra Cristina Fernández de Kirchner, con la inestimable ayuda de los medio de comunicación.
No es extraño que la oposición de derechas inscriba sus políticas en aquella tradición a un tiempo liberal y autoritario. El establishment desconfía históricamente de las empresas públicas, de la inversión estatal en rubros críticos de la economía, del desarrollo auto concentrado, del pleno empleo como producto del crecimiento y del afianzamiento de pymes y cooperativas, y mira de reojo el aumento de las exportaciones industriales que harían al país menos dependiente de la renta agraria y, por ende, menos expuesto a ser manipulado por la renta financiera.
Desde 1976 a la fecha hay una parábola política y económica que va de la “patria financiera” de Martínez de Hoz y Cavallo, a la “Patria Opositora” de derechas actual, expresión política del capita nativo más concentrado. No sorprende que los antagonismos “finanzas versus industria”, “puerto versus provincias”, “importaciones versus producción nacional” y “renta financiera versus desarrollo” recorran 200 años de vida independiente que pronto cumplirá la República Argentina.
La política económica de la dictadura provocó la convergencia entre el ritmo de crecimiento de los precios internos y la inflación internacional, mediante la manipulación del tipo de cambio. Y formuló el esquema de “industrialización limitada”, adaptado a la estructura de precios del mercado mundial, aunque dejando en claro que el eje central de la economía debía ser la exportación de productos primarios. Y que la industria debía arreglárselas sin ninguna protección.
Fue evidente la convicción compartida por los militares y sus socios civiles de que por fin se producía el cierre de un período histórico y la apertura de otro. En ese sentido el terrorismo de estado fue funcional a la economía retrógrada del golpismo.
La “independencia” del BCRA
El ministro de economía de la dictadura, Martínez de Hoz, elegirá a sus principales funcionarios entre los ejecutivos del Consejo Empresario Argentino, cuyos miembros eran representantes de Acindar, Aluar, Arcor, Astra, Blaquier, Bulgheroni, Bunge y Born, Celulosa, Clarín, Escasany (Banco Galicia), Fate, Fortabat, Garovagilo y Zorroaquín (Banco Comercial del Norte), Gotelli, La Nación , Macri, Perez Companc, Pescarmona, Roggio, Soldati, Techint, etc; todos nombres y apellidos del establishment. El gabinete económico de la dictadura expresó la mayor representación del sector mas concentrado de la economía que se tenga memoria, en detrimento de las “pymes” y las cooperativas, que primero fueron excluidas y después atacadas en sus bases de sustentación. Rápidamente se disolvió la Confederación General
Los sectores populares fueron castigados con la brusca reducción de los gastos sociales, mientras se incrementaba el presupuesto militar y de seguridad, producto de las previsiones de una inminente guerra con Chile, evitada por la meditación del Vaticano.
Para instalar las nuevas condiciones de dominación se implantó el terror y se redefinió el rol del Estado. Para ello fue necesario sobrevaluar el peso y reducir los aranceles a la importación para golpear a las “pymes”, un anticipo de la convertibilidad de los 90.
También se manipularon las tasas del interés por intermedio del BCRA, dando lugar a la creación de una deuda externa sin precedentes, para lo cual se subsidió masivamente al sector financiero. Además se aplicó la nueva Ley de Entidades Financieras, que encorsetaba la actividad de la banca cooperativa.
En este período se fugaron del país miles de millones de dólares. La mayor parte de ese dinero ingresaba en forma de créditos que eran tomados por empresas estatales y en menor medida por compañías privadas y particulares. Los dólares que llegaban por esa vía eran retenidos por el Ministerio de Economía y utilizados para sostener la venta irrestricta de dólares por parte del BCRA, que resultó ser el principal operador de la patria financiera, sin que el establishment se interrogase entonces por el uso de las reservas para pagar la deuda, ya que la deuda no se pagaba, sino que se refinanciaba con nueva deuda.
Las divisas eran compradas por grandes empresas y particulares, que con ellas financiaban la fuga de capitales. Para ello utilizaban pesos “fuertes” para el abaratamiento deliberado del dólar (advertir nuevamente la semejanza con la convertibilidad) y luego las sacaban del país. Del registro de la deuda del BCRA en 1982 se advierte que desde 1976 fueron girados al exterior 29.000 millones de dólares.
Según el Banco Mundial, en el período 1976-1983 se fugaron 30.000 millones de dólares, aunque otras fuentes nacionales indican que no fueron menos de 35.000 millones.
Cuando llegaban los dólares de esas operaciones de endeudamiento forzado de las empresas públicas, el BCRA los retenía y giraba a las empresas el monto equivalente en pesos. Luego ofrecía libremente esos dólares al mercado, mientras que la empresa estatal se quedaba con los pesos y, claro, con la deuda en moneda dura.
Para las empresas públicas esa política fue ruinosa en todo sentido. Durante el peronismo menemista, uno de los argumentos favorables a las privatizaciones fue que las empresas estatales mostraban gruesos números en rojo. Nadie aclaró entonces que habían sido inflados por un endeudamiento que ninguna de ellas necesitaba y que ninguna de ellas disfrutó, por que los presuntos dólares ingresados sólo figuraban en el balance. Cada nueva devaluación aumentaba la deuda en pesos de las empresas públicas, aunque la deuda en dólares se mantiene e incluso aumentaba por los intereses impagos, refinanciados con nuevos préstamos.
La dictadura dejó el paquete atado y bien atado.
Uno de los casos paradigmáticos de la metodología perversa de la deuda fue el de la petrolera YPF, cuyos compromisos externos pasaron de 372 millones de dólares en 1976 a 2.930 millones en 1980, a 4.050 millones en 1982 y 6.000 millones en 1983.
Este curso de acción combinó una fuerte sublevación del dólar con la reducción impositiva al ingreso de bienes y capitales, y la liberación de tasas de interés. Recíprocamente, se eliminaron los derechos de exportación que gravaban al agro, al tiempo que la estructura impositiva fue derivando hacia los gravámenes directos al consumo, lo que significa que un pobre y un millonario pagarían el mismo impuesto sobre un litro de leche. Una década después la dupla Menem Cavallo tomaría la posta de la dictadura con una política esencialmente similar, que el ingenio popular bautizó como “Hood Robin”, por que les robaba a los pobres para darles a los ricos. Por ejemplo, privatizó YPF, esa empresa “fuertemente deficitaria”.
Ya hemos visto el origen del “déficit”.
Un par de cuentas finales termina de aclarar estructuralmente la utilización real de la deuda. Si los compromisos externos del país ascienden aproximadamente hoy a unos 140.000 millones de dólares, el dinero de los argentinos depositados en el exterior, es decir fugado en distintas etapas desde 1976, trepa a una cifra que distintos analistas privados y bancos calculan entre un piso de 170.000 millones y un techo de 200.000 millones de dólares. Esas cifras explican tanto la lógica como los objetivos de la dictadura militar.
La hegemonía de la renta financiera, la fuga de capitales y su contracara, el retroceso industrial, constituyeron el núcleo crítico de tres décadas de economía liberal. En todo ese proceso, el BCRA fue el instrumento favorito de quienes convirtieron la deuda externa en ganancias privadas y la fugaron del país, de modo que la brutal capitalización de unos pocos se convirtió en deudas de todos.
Es por eso que el establishment quiere que el BCRA siga siendo “independiente”.
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