La crisis política de Bolivia se agravó en las últimas horas por la radicalización de las protestas contra el presidente Evo Morales en algunas regiones del país, donde se registraron ayer ataques a las infraestructuras energéticas, actos de vandalismo de parte de grupos opositores y nuevos episodios violentos.
El gobierno nacional denunció un atentado contra un gasoducto en el sur del país, que ocasionó la disminución, en un 10 por ciento, de los envíos de gas a Brasil, según informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez. Además atribuyó el atentado a grupos de “paramilitares, fascistas y terroristas”, organizados por fuerzas opositoras.
En horas de la tarde, el presidente Morales culpó también al embajador estadounidense, Philip Goldberg, por los brotes de violencia y le pidió que abandone Bolivia (ver Evo...)
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que el gobierno movilizaría desde ayer una “mayor presencia” militar en las instalaciones petroleras “para evitar los atentados criminales”.
En la sureña Tarija también se produjeron ayer escaramuzas entre autonomistas y afines a Morales en la capital departamental, donde se declaró un paro cívico que impedía el tránsito normal en la ciudad y que también afectó a las operaciones de su aeropuerto.
Ante la escalada de violencia de grupos de choque, el gobierno de Bolivia insistió en denunciar que prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos opositores promueven una nueva modalidad de golpe de Estado, de carácter civil, para desestabilizar al Ejecutivo con tomas de entidades públicas, bloqueos de carreteras y ataques a los campos de hidrocarburos de las zonas del sudeste.
El portavoz presidencial, Iván Canelas, sostuvo que los opositores autonomistas están intentando que el gobierno reaccione de forma violenta a estas protestas y denunció que buscan provocar incluso que haya “uno o dos muertos” para poder tener una bandera contra el presidente. Canelas garantizó que el Ejecutivo no responderá a esa provocación e instó al Ministerio Fiscal a actuar ante los desórdenes promovidos por los sectores más radicales. También, volvió a llamar al diálogo con la oposición, que ha rechazado las convocatorias hasta ahora.
El Ejecutivo de La Paz resaltó la responsabilidad de las fuerzas armadas de Bolivia, al no entrar en provocaciones, e incluso destacó su disposición de “poner la otra mejilla” ante las acciones y humillaciones de las que fueron objeto por parte de los grupos violentos.
Por su parte, sectores sociales afines a Morales, como los indígenas, campesinos y cocaleros, iniciaron ayer medidas de presión contra las protestas de las regiones autonomistas de los últimos días. Los grupos leales al primer mandatario indígena del país prevén el bloqueo de una ruta hacia la capital de Santa Cruz que podría durar un mes, según anticiparon distintos dirigentes sociales.
El atentado de ayer contra el gasoducto se produjo después de la convulsionada jornada del martes en la ciudad de Santa Cruz, donde radicales autonomistas saquearon seis entidades estatales y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad.
En las últimas horas, en Santa Cruz, la policía militar se replegó ante las protestas de los autonomistas, algunos de los cuales llegaron a agredir a agentes y a arrebatarles sus armas.
Dirigentes cruceños acusaron al presidente Morales por la violencia registrada en el país en las últimas horas, y dijeron que la crisis deriva de que La Paz se niega a reconocer las demandas autonomistas de su región y las de Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.
Hace 10 años
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