La Federación de Campesinos de Pando iba a reunirse cerca de Cobija, capital departamental, para analizar maneras de frenar la violencia que prima en el oriente de Bolivia. Pero sus miembros fueron emboscados en la ruta por empleados de la prefectura y del comité cívico, que los atacaron “con ametralladoras y fusiles”, según el secretario ejecutivo de la federación, Antonio Moreno.
La matanza se llevó al menos nueve vidas, la mayoría gente del campo que enfrentó las balas con machetes. Se calcula que hay 60 heridos y 70 desaparecidos. Lejos de ceder, la violencia crece en Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz y Chuquisaca, cuyos prefectos y cívicos suscribieron como Consejo Nacional Democrático (Conalde) el inicio de las protestas hace 18 días. Ayer en La Paz, el presidente Evo Morales sostuvo: “Tengan por seguro que vamos a defender la democracia, vamos a defender el proceso de cambio y sobre todo vamos a garantizar la unidad del país. Vamos a aguantar compañeras y compañeros, pero también la paciencia tiene límites, de verdad”.
Los campesinos iban a reunirse en El Porvenir, a 30 kilómetros de Cobija. “Fueron emboscados por funcionarios y trabajadores del Servicio Departamental de Caminos y la prefectura”, a cinco kilómetros del lugar de reunión, relató Moreno.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, confirmó la versión de Moreno. “Los trabajadores de la prefectura, acompañados de sicarios portando armas de guerra, dispararon contra de los campesinos, provocando varios muertos”, dijo en conferencia de prensa. “Han empezado tomando instituciones públicas y ahora continúan tomando vidas de compatriotas nuestros. Esta denuncia se la hace con el dolor y la frustración que sentimos por la pérdida de cualquier vida y de cualquier persona. Responsabilizamos al prefecto Leopoldo Fernández por estas muertes y por los sucesos que todavía lamentablemente siguen aconteciendo en Cobija y en otras poblaciones cercanas” agregó.
En cambio, el vicepresidente del Comité Cívico de Pando, Ricardo Simokawa, dijo que la matanza fue culpa de “sicarios pagados por el MAS”, siglas del gobernante Movimiento al Socialismo. Y acusó a los campesinos: “Ellos tienen gente nuestra de rehén. Por eso no hay diálogo ni negociación, el pueblo ya se ha enfurecido. Esto va a empeorar, nosotros estamos en Porvenir y pedimos a la población, a la gente, que venga a apoyarnos porque ellos están armados”, dijo en alusión a los machetes de los baleados.
Pero lo que no pudo negar es que de los cuerpos que ingresaron a la morgue de Cobija, ocho eran de campesinos y uno del empleado de la prefectura Pedro Oshiro. Todos murieron baleados, menos un campesino que fue arrollado por un vehículo de la prefectura y otro asesinado a palazos por los autonomistas. Del bando del campo fueron identificados Emilio Peña, Hernani Uzquiano y un hombre de apellido Basualdo.
El prefecto Fernández admitió al canal ATB que la situación en Pando es “incontrolable y escapa al control de las autoridades”. Dijo que pidió la intervención del Ejército, pero no le hicieron caso.
En el resto del oriente, grupos cívicos y prefecturales juntan experiencia en la toma de instituciones del Estado y organizaciones sociales declaradas “enemigas”. En la localidad tarijeña de Yacuiba, fronteriza con Argentina, ayer cerraron válvulas de gas que operaba Repsol YPF. Los ataques a varios yacimientos de hidrocarburos provocaron que el volumen de gas enviado a Brasil se redujera un 10 por ciento.
Morales no se quedó callado. “Antes desde el Palacio se atentaba contra la democracia y los procesos de cambios. Ahora esos grupos se van a las regiones, desde donde demuestran su actitud antipatriótica atentando contra el patrimonio del Estado del pueblo boliviano, como es el ataque a los campos petroleros, que son de todos los bolivianos”, denunció.
Como quedan pocos edificios públicos sin destrozar, los autonomistas ayer eligieron como blanco las organizaciones sociales. La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) fue tomada y saqueada por la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). Así, los indígenas consecuentes con el Comité Pro Santa Cruz y la prefectura cumplieron la amenaza que hicieron el miércoles, cuando intentaron expulsar a los dirigentes por no prosternarse ante el estatuto autonómico de los cívicos. También fue atacada y quemada la Coordinadora de los Pueblos Etnicos de Santa Cruz (Cpesc), a media cuadra de la Cidob en la Villa 1º de Mayo.
Amenazados de muerte, los dirigentes pasaron a la clandestinidad. “Hemos hecho un llamado a los 34 pueblos para normalizar la situación, tomar recaudos y recuperar nuestra Casa Grande”, dijo a PáginaI12 Adolfo Chávez, presidente de la Cidob. “Hemos decidido no enfrentarnos con nuestros hermanos, porque no son enemigos, sino enviados de la prefectura y el comité. Queremos denunciar ante el mundo que el prefecto Rubén Costas quiere masacrar a los indígenas. Hasta el momento no hemos contestado a sus provocaciones.
Desde La Paz se solidarizó el alcalde de Achacachi y líder de los aymaras Ponchos Rojos, Eugenio Rojas Apaza. Advirtió a los grupos violentos de oriente: “No saben a lo que se meten. Nos organizaremos en todas las regiones de Bolivia para defender la democracia, nuestros recursos y las instituciones del Estado”. El senador Lino Villca, del MAS, convocó a “derrotar al fascismo” a los 36 pueblos indígenas. Varias organizaciones campesinas sostienen que comenzarán a tomar estancias del oriente.
Ayer a la mañana, la UJC saqueó el Comité Cívico Popular de Plan 3000, uno de los barrios más empobrecidos de Santa Cruz, quizá por eso considerado el bastión departamental del MAS. Los vecinos se organizaron y se reunieron en la rotonda del barrio para repeler el ataque de los unionistas. En las peleas, un chico de 17 años fue herido de bala en el cuello. Anoche, en el Plan los vecinos seguían reuniéndose ante las amenazas de nuevas incursiones de la UJC.
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Hace 10 años
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