WASHINGTON -- La garantía de la Segunda Enmienda a tener armas se aplica a las leyes estatales y locales, falló el lunes la Corte Suprema en una decisión de 5-4.
El fallo se produjo casi dos años después que el alto tribunal decidió que la Segunda Enmienda protege el derecho de los individuos a tener armas en el caso Distrito de Columbia vs. Heller, otra decisión de 5 a 4.
Pero el caso Heller sólo tuvo en cuenta las leyes federales y dejó abierta la interrogante de si los derechos que confiere la Segunda Enmienda protegen a los dueños de armas de las leyes estatales y locales.
El magistrado Samuel A. Alito Jr., que escribió a nombre de la mayoría, dijo que el derecho a la defensa propia protegido por la Segunda Enmienda es fundamental para la concepción de la libertad con orden en Estados Unidos. Al igual que otras cláusulas de la Carta de Derechos que consagran protecciones fundamentales, dijo, la Segunda Enmienda debe aplicarse no sólo al poder federal, sino a los poderes estatales y locales.
El fallo es una enorme victoria simbólica para los defensores de los derechos de tenencia de armas, pero su efecto práctico a corto plazo no está claro. Como en la decisión del caso Heller, los magistrados dejaron para otro día el asunto de qué tipos de leyes de control de armas pueden conciliarse con la protección de la Segunda Enmienda.
De hecho, en más de 200 páginas de opinión, el tribunal ni siquiera decidió la constitucionalidad de dos leyes de control de armas en otro caso en Chicago y Oak Park, Illinois. Los magistrados devolvieron ese caso a los tribunales inferiores para que decidan si esas leyes excepcionalmente estrictas, que de hecho prohíben la posesión individual de armas, puede conciliarse con la Segunda Enmienda.
El magistrado Stephen G. Breyer, en una opinión disidente, expresó que "la mayoría casi ciertamente derogaría'' partes de una ley federal similar que gobierna el Distrito de Columbia.
El magistrado Alito, a quien se le unieron el presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., y los jueces Antonin Scalia, Anthony M. Kennedy y, en buena parte, Clarence Thomas, reconocieron que la decisión puede llevar a "a litigios prolongados y costosos'', pero agregó que ese es el precio de proteger las libertades constitucionales.
La mayoría ofreció a los tribunales inferiores poca información sobre cuánta protección ofrece la Segunda Enmienda. En una parte de su opinión que el magistrado Thomas declinó apoyar, el juez Alito reiteró las advertencias en el fallo del caso Heller, expresando que el tribunal no tenía intenciones de afectar leyes que prohíben la tenencia de armas a los convictos y enfermos mentales, leyes que prohíben el porte de armas en lugares como escuelas y edificios federales o leyes que norman la venta comercial de armas de fuego.
El punto importante es el más amplio, escribió el magistrado Alito: que la Segunda Enmienda, como otras cláusulas de la Carta de Derechos que garantizan derechos fundamenta les, deben aplicarse a los estados a tenor con la Decimocuarta Enmienda.
Los magistrados John Paul Stevens, Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer y Sonia se opusieron a la mayoría e indicaron que la decisión del caso Heller era indebida, y agregaron que no habrían ampliado sus protecciones a las leyes estatales y locales si se hubiese tomado la decisión correcta.
"Aunque la decisión del tribunal en este caso pudiera considerarse como una prórroga de la del caso Heller'', escribió el juez Stevens, "las consecuencias pudieran ser mucho más destructivas, literalmente, para las comunidades del país y la Constitución''.
Aunque la mayoría concordó en el fallo, sus miembros difirieron en cómo llegar al objetivo.
La Segunda Enmienda, como el resto de la Carta de Derechos, originalmente sólo restringía el poder del gobierno federal. La Corte Suprema falló posteriormente que la mayoría, pero no todas, las protecciones de la Carta de Derechos se aplicaban también a los estados, a tenor con la cláusula de proceso debido de la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil.
Muchos expertos constitucionalistas de todo el espectro ideológico habían esperado que el tribunal usara la decisión del lunes, McDonald vs. Chicago, No. 08-1521, para revisar su enfoque de cómo se aplican las protecciones constitucionales a los estados o cómo "se implementan contra estos''.
Los expertos alegaron que el tribunal debía basarse no sólo en la cláusula de proceso debido sino en la cláusula de "privilegios o inmunidades'' de la Decimocuarta Enmienda, que indica que "ningún estado debe aprobar o hacer cumplir leyes que afecten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos''. Hay evidencia de que los autores de la cláusula querían que se aplicara específicamente para permitir a los esclavos libertos tener armas para defensa propia.
Los jueces disidentes sacaron diferentes conclusiones de la evidencia histórica.
"Las razones que motivaron a proteger la capacidad de los milicianos de mantener sus mosquetes a la mano para uso militar cuando el país estaba recién creado, o que motivaron que el Congreso de la Reconstrucción ampliara la ciudadanía plena a los liberados durante la Guerra Civil, sólo tienen un efecto limitado sobre el problema que enfrenta el propietario de una vivienda en una metrópolis llena de armas en estos momentos'', escribió el juez John Paul Stevens en su última opinión disidente antes de retirarse.
Stevens dijo que los tribunales federales debían haber procedido con más cautela a la luz de la "meleabilidad y elusividad de la historia'' y porque "las armas de fuego tienen una relación fundamentalmente ambivalente con la libertad''.
"De la misma manera que pueden ayudar a los propietarios a defender sus familias y pertenencias de los intrusos, pueden ayudar a los maleantes a asesinar víctimas inocentes. La amenaza de que esas armas se usen indebidamente está lejos de ser una hipótesis, porque los delitos con armas de fuego han devastado muchas de nuestras comunidades''.
En una opinión disidente a la que se unieron los magistrados Ginsburg y Sotomayor, el juez Breyer dijo que la historia no ofrecía respuestas claras y que la evidencia empírica sobre los efectos del control de las armas no son claros. Pero sí hay pruebas, dijo, de que las armas causan 60,000 muertes y lesionados al año en Estados Unidos y que la prohibición de tenencia de armas en Chicago había salvado muchos cientos de vida desde que se implantó en 1983.
Todo eso, escribió el magistrado Breyer, aconsejaba inclinarse hacia una deferencia a los funcionarios locales para que decidan cómo regular las armas.
El juez Alito respondió que muchos derechos constitucional tienen un costo en materia de seguridad pública, entre ellos que los que limitan el uso de evidencia obtenida a través de acciones policiales indebidas.
El juez Alito también reconoció que la decisión de la mayoría limitaba la habilidad de los estados para solucionar problemas locales mediante normas específicas sobre las armas. "Pero esto siempre resulta cierto'', dijo "cuando se incorpora una cláusula de la Carta de Derechos''.
Extraído del Nuevo Herald
El fallo se produjo casi dos años después que el alto tribunal decidió que la Segunda Enmienda protege el derecho de los individuos a tener armas en el caso Distrito de Columbia vs. Heller, otra decisión de 5 a 4.
Pero el caso Heller sólo tuvo en cuenta las leyes federales y dejó abierta la interrogante de si los derechos que confiere la Segunda Enmienda protegen a los dueños de armas de las leyes estatales y locales.
El magistrado Samuel A. Alito Jr., que escribió a nombre de la mayoría, dijo que el derecho a la defensa propia protegido por la Segunda Enmienda es fundamental para la concepción de la libertad con orden en Estados Unidos. Al igual que otras cláusulas de la Carta de Derechos que consagran protecciones fundamentales, dijo, la Segunda Enmienda debe aplicarse no sólo al poder federal, sino a los poderes estatales y locales.
El fallo es una enorme victoria simbólica para los defensores de los derechos de tenencia de armas, pero su efecto práctico a corto plazo no está claro. Como en la decisión del caso Heller, los magistrados dejaron para otro día el asunto de qué tipos de leyes de control de armas pueden conciliarse con la protección de la Segunda Enmienda.
De hecho, en más de 200 páginas de opinión, el tribunal ni siquiera decidió la constitucionalidad de dos leyes de control de armas en otro caso en Chicago y Oak Park, Illinois. Los magistrados devolvieron ese caso a los tribunales inferiores para que decidan si esas leyes excepcionalmente estrictas, que de hecho prohíben la posesión individual de armas, puede conciliarse con la Segunda Enmienda.
El magistrado Stephen G. Breyer, en una opinión disidente, expresó que "la mayoría casi ciertamente derogaría'' partes de una ley federal similar que gobierna el Distrito de Columbia.
El magistrado Alito, a quien se le unieron el presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., y los jueces Antonin Scalia, Anthony M. Kennedy y, en buena parte, Clarence Thomas, reconocieron que la decisión puede llevar a "a litigios prolongados y costosos'', pero agregó que ese es el precio de proteger las libertades constitucionales.
La mayoría ofreció a los tribunales inferiores poca información sobre cuánta protección ofrece la Segunda Enmienda. En una parte de su opinión que el magistrado Thomas declinó apoyar, el juez Alito reiteró las advertencias en el fallo del caso Heller, expresando que el tribunal no tenía intenciones de afectar leyes que prohíben la tenencia de armas a los convictos y enfermos mentales, leyes que prohíben el porte de armas en lugares como escuelas y edificios federales o leyes que norman la venta comercial de armas de fuego.
El punto importante es el más amplio, escribió el magistrado Alito: que la Segunda Enmienda, como otras cláusulas de la Carta de Derechos que garantizan derechos fundamenta les, deben aplicarse a los estados a tenor con la Decimocuarta Enmienda.
Los magistrados John Paul Stevens, Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer y Sonia se opusieron a la mayoría e indicaron que la decisión del caso Heller era indebida, y agregaron que no habrían ampliado sus protecciones a las leyes estatales y locales si se hubiese tomado la decisión correcta.
"Aunque la decisión del tribunal en este caso pudiera considerarse como una prórroga de la del caso Heller'', escribió el juez Stevens, "las consecuencias pudieran ser mucho más destructivas, literalmente, para las comunidades del país y la Constitución''.
Aunque la mayoría concordó en el fallo, sus miembros difirieron en cómo llegar al objetivo.
La Segunda Enmienda, como el resto de la Carta de Derechos, originalmente sólo restringía el poder del gobierno federal. La Corte Suprema falló posteriormente que la mayoría, pero no todas, las protecciones de la Carta de Derechos se aplicaban también a los estados, a tenor con la cláusula de proceso debido de la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil.
Muchos expertos constitucionalistas de todo el espectro ideológico habían esperado que el tribunal usara la decisión del lunes, McDonald vs. Chicago, No. 08-1521, para revisar su enfoque de cómo se aplican las protecciones constitucionales a los estados o cómo "se implementan contra estos''.
Los expertos alegaron que el tribunal debía basarse no sólo en la cláusula de proceso debido sino en la cláusula de "privilegios o inmunidades'' de la Decimocuarta Enmienda, que indica que "ningún estado debe aprobar o hacer cumplir leyes que afecten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos''. Hay evidencia de que los autores de la cláusula querían que se aplicara específicamente para permitir a los esclavos libertos tener armas para defensa propia.
Los jueces disidentes sacaron diferentes conclusiones de la evidencia histórica.
"Las razones que motivaron a proteger la capacidad de los milicianos de mantener sus mosquetes a la mano para uso militar cuando el país estaba recién creado, o que motivaron que el Congreso de la Reconstrucción ampliara la ciudadanía plena a los liberados durante la Guerra Civil, sólo tienen un efecto limitado sobre el problema que enfrenta el propietario de una vivienda en una metrópolis llena de armas en estos momentos'', escribió el juez John Paul Stevens en su última opinión disidente antes de retirarse.
Stevens dijo que los tribunales federales debían haber procedido con más cautela a la luz de la "meleabilidad y elusividad de la historia'' y porque "las armas de fuego tienen una relación fundamentalmente ambivalente con la libertad''.
"De la misma manera que pueden ayudar a los propietarios a defender sus familias y pertenencias de los intrusos, pueden ayudar a los maleantes a asesinar víctimas inocentes. La amenaza de que esas armas se usen indebidamente está lejos de ser una hipótesis, porque los delitos con armas de fuego han devastado muchas de nuestras comunidades''.
En una opinión disidente a la que se unieron los magistrados Ginsburg y Sotomayor, el juez Breyer dijo que la historia no ofrecía respuestas claras y que la evidencia empírica sobre los efectos del control de las armas no son claros. Pero sí hay pruebas, dijo, de que las armas causan 60,000 muertes y lesionados al año en Estados Unidos y que la prohibición de tenencia de armas en Chicago había salvado muchos cientos de vida desde que se implantó en 1983.
Todo eso, escribió el magistrado Breyer, aconsejaba inclinarse hacia una deferencia a los funcionarios locales para que decidan cómo regular las armas.
El juez Alito respondió que muchos derechos constitucional tienen un costo en materia de seguridad pública, entre ellos que los que limitan el uso de evidencia obtenida a través de acciones policiales indebidas.
El juez Alito también reconoció que la decisión de la mayoría limitaba la habilidad de los estados para solucionar problemas locales mediante normas específicas sobre las armas. "Pero esto siempre resulta cierto'', dijo "cuando se incorpora una cláusula de la Carta de Derechos''.
Extraído del Nuevo Herald
0 comentarios:
Publicar un comentario