Cruz del Eje.
Ayer se vivió en esta ciudad un día caldeado, y no justamente por la temperatura ambiente. Tanto ante los tribunales de Justicia como en las calles de la ciudad se manifestaron los militantes de la Asociación de Productores del Noroeste Cordobés (Apenoc) para rechazar una sentencia condenatoria contra ocho pobladores de la comuna de El Chacho en el departamento Minas.
En el ámbito judicial se dio lectura a los fundamentos de la sala penal unipersonal, a cargo del camarista Ricardo Arístides Py, que encontró coautores penalmente responsables del delito de usurpación a Graciela del Valle Arévalo, Clara María Farías, Roque Teotimo Farías, Ramón Nicolás Fernández, Santos Ernesto Fernández, Tomás Cornelio Silva y Marta Ugina Silva.
El juez resolvió “ordenar la restitución del inmueble objeto de la presente causa”, sentando un precedente en la materia en el noroeste y norte de la provincia en este litigio por posesión de tierras, que tiene en disputa 2.600 hectáreas ocupadas por los condenados. “Presentaremos de inmediato la casación (apelación) al Tribunal Superior de Justicia, no hay certeza para condenar y esto es de una gravedad inusitada. Es un problema esencialmente político que excede lo judicial: no se ha logrado un diseño de política pública eficaz para evitar los desalojos en el noroeste y norte de la provincia”, enfatizó el abogado Ramiro Fresneda, defensor de los poseedores de estas tierras sin títulos registrales.
De esta forma, un caso por litigio de posesión de las tierras se traslada al Tribunal Superior (TSJ), que deberá resolver al respecto.
Se desconocen antecedentes de un fallo del TSJ en alguno de los muy diversos conflictos de la llamada “guerra de la tierra”, derivada en los últimos años de la fuerte expansión de la frontera agropecuaria.
Ayer, en las calles de la principal ciudad del noroeste se vivió otro capítulo de este conflicto, entre pancartas y cánticos de repudio. Un grupo de militantes de Apenoc recorrió el lugar y terminó frente a la casa del camarista Ricardo Py. Allí pintaron en la calzada leyendas como “Py, juez corrupto al servicio de los ricos”. Lo mismo hicieron frente al edificio de tribunales, custodiado por la Policía, sin que se produjeran incidentes.
Los fundamentos.
El camarista consignó en su escrito: “No escapa al suscripto la preocupación que en los encartados (imputados) puede causar la resolución dictada, pero tanto ellos como la opinión pública deben comprender que sólo la aplicación irrestricta de la ley nos conducirá a una convivencia pacífica, dentro de un marco legal que respete los derechos de cada uno”. En la extensa fundamentación Py consignó que “los imputados invadieron el inmueble, se mantuvieron en él y expulsaron a sus ocupantes”, en relación al querellante, el empresario Martín Rodolfo Buttie, que esgrime derechos sobre un total de 23 mil hectáreas en el lugar. “La actitud asumida por los imputados no fue en defensa de sus posesiones, sino con el fin de apropiarse del inmueble”, aseveró el camarista.
Extraído de La Voz
0 comentarios:
Publicar un comentario