La administración del presidente Barack Obama levantó su prohibición temporal de ciertos ciudadanos norteamericanos a viajar a Cuba para entregar dinero y equipos de telecomunicaciones a los grupos que promueven las políticas de Washington, confirmaron este jueves funcionarios gubernamentales al diario El Nuevo Herald.
Según el diario, “esos viajes fueron detenidos el 3 de diciembre tras el arresto de Alan P. Gross, un contratista de la gubernamental Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), que había llevado equipos de comunicación por satélite” a grupos contrarrevolucionarios.
El Departamento de Estado notificó esta semana a las organizaciones que reciben fondos para los programas “a favor de la democracia en Cuba” que pueden reanudar sus viajes, dijeron al Herald tres funcionarios de grupos que participan en esos programas.
El Herald afirma que la noticia de que se podían reanudar los viajes, sin embargo, estuvo acompañada de una advertencia: no llevar a la isla más dinero o equipos de lo que se pueda explicar en caso de ser detenido por autoridades cubanas.
Antes del 3 de diciembre, alrededor de una docena de grupos habían estado enviando de dos a cinco viajeros a Cuba todos los meses para entregar ayuda “técnica y financiera” a “disidentes”, blogueros y tuiteros -los que utilizan la red social Twitter-, según fuentes conocedoras de los programas de subversión contra Cuba que conversaron con el diario de Miami.
“Esto es bueno”, comentó al diario Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano en Miami. Gutiérrez declinó comentar sobre si mandaría personas a Cuba porque “pondría a gente en peligro”.
Los fondos de gobierno de los Estados Unidos para los programas de subversión contra Cuba -que sumaron $45 millones en los años fiscales 2009 y 2010- se administran a través de una compleja red de organizaciones no gubernamentales y empresas privadas y tapaderas de la CIA, que luego organizan la entrega de tecnología de telecomunicaciones y dinero en efectivo a supuestos opositores cubanos, que se convierten tácitamente en empleados del gobierno norteamericanos.
Estados Unidos ha impuesto a Cuba por 50 años un férreo bloqueo económico, además de financiar y entrenar a individos que participaron en campañas terroristas contra la Isla que ha costado la vida a más de 3 000 cubanos. Cinco cubanos están presos en Estados Unidos, con condenas que van desde 15 años de privación de libertad hasta dos cadenas perpetuas, por penetrar estas redes terroristas e impedir nuevas víctimas en territorio cubano.
Como establecen las legislaciones de Estados Unidos y de todos los países del mundo, en Cuba la colaboración con un gobierno enemigo es un delito grave. En particular, la legislación cubana penaliza con una condena de hasta 20 años la colaboración con el programa gubernamental de la USAID, que fue creado por la Ley Helms-Burton de 1996.
El pasado 9 y 28 de diciembre, el Departamento de Estado envió mensajes electrónicos a las organizaciones que reciben fondos, exhortándolas a dejar de viajar a Cuba, tras el arresto del contratista Alan P. Gross. Las organizaciones dijeron haber tomado los mensajes como una orden y no como una recomendación, según El Herald.
“La prohibición de viajar impidió inmediatamente los contactos persona a persona con los disidentes, el tipo de contacto para el que este programa fue concebido”, declaró un funcionario de una organización no lucrativa que participa en los programas.
El senador John Kerry, demócrata por Massachusetts, congeló temporamente el financiamiento hasta que la USAID y el Departamento de Estado respondan a una serie de preguntas sobre cómo se gasta el dinero.
En el pasado, investigaciones congresionales han descubierto abusos en los programas de financiamiento para la subversión en Cuba, utilizados por agentes del gobierno en Miami para comprar de objetos suntuarios y alimentos exóticos, como carne de cangrejo en lata y chocolates Godiva. Algunos congresistas alegan que el arresto de Gross muestra que hay que modificar estos programas para “promover la democracia” de una manera más efectiva y hacerlos menos ‘‘provocadores”.
Tanto la USAID como el Departamento de Estado asignan fondos a organizaciones no gubernamentales y firmas privadas que, a su vez, las envían a los supuestos disidentes, periodistas “independientes” y otros grupos pro norteamericanos en la Isla, confirma El Nuevo Herald.
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martes, 13 de abril de 2010
